Energía nuclear, por muchos años

53.864 millones de euros. Es lo que deberá gastar el Gobierno japonés por el accidente que un terremoto de 8,9 en la escala de Richter y el posterior tsunami provocaron en la central nuclear de Fukushima el 11 de marzo. Es lo que ha calculado la Comisión de Seguridad Nuclear de ese país que será necesario para cubrir el desmantelamiento de los reactores, las compensaciones a los afectados y las labores de limpieza.

El Gobierno y la responsable de la central, la Compañía Eléctrica de Tokio (Tepco), trabajan para enfriar los reactores, poníendolos fuera de peligro, a la vez que se intenta reducir la cantidad de agua contaminada, algo que admiten que será muy difícil de conseguir antes de fin de año. Otra cuestión es el desmantelamiento de las instalaciones, que podría llevar más de 30 años.

Fukushima ha avivado una polémica que había languidecido desde Chernobil. Las voces críticas han vuelto a la escena pública, y países como Alemania, Suiza y, más recientemente, Bélgica han anunciado el cierre de sus centrales y que no abrirán nuevas plantas. A pesar de ello, estas instalaciones siguen generando el 16% de la electricidad mundial. Según el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), existen en la actualidad 433 reactores operativos repartidos en 30 países, y otros 65 en construcción. Estados Unidos, con 104 unidades, y Francia, con 58, son los países más nucleares. Desde hace años, apenas se han abierto nuevas centrales, salvo en China, que construye 28 unidades.

El caso español

España, con sus ocho reactores -más dos que no están en funcionamiento-, no es evidentemente ajena al debate. Desde el Foro Nuclear, la asociación que representa a la patronal del sector, su presidenta, María Teresa Domínguez, recuerda que, a diferencia de Japón, «ninguna central española está construida en zona sísmica». Tras Fukushima, el Consejo Europeo decidió obligar a todas las instalaciones nucleares de la UE a pasar unas pruebas de resistencia. Sus responsables deberán incluir, si fuera necesario, mejoras adicionales frente a «situaciones extremas improbables». El informe definitivo tendrá que estar listo antes del 31 de diciembre.

La presidenta del Foro Nuclear no solo cree que sus representados superarán las pruebas y que en los próximos años renovarán sus permisos para continuar la actividad. Además, está convencida de que, con la escalada del consumo energético, «se necesitarán hacia 2035 tres unidades más para mantener el 30% del total de la electricidad que generan las nucleares en España».

Francisco Castejón, experto en fusión nuclear y miembro de Ecologistas en Acción, señala que las pruebas «fueron criticadas por las organizaciones ecologistas por no incluir sucesos externos, como choques de aviones o atentados terroristas, y por ser los propios operadores quienes evaluarán las situaciones en que se encuentran las centrales». Castejón apoya el cierre escalonado de todas las plantas porque considera que ninguna está a salvo de posibles accidentes. Apunta como primera candidata a Garoña (Burgos), «una instalación, idéntica a la del reactor número 1 de Fukushima, cuya seguridad está muy degradada».

Los residuos

Otra polémica sobre la que el nuevo Gobierno deberá decidir en breve es la ubicación de los residuos de alta actividad de las centrales españolas. El combustible usado se almacena en unas piscinas especiales, en las propias instalaciones, que están ya muy llenas. Las primeras en saturarse serán las de Ascó I y II (Tarragona) en 2013 y 2015, respectivamente. No obstante, Domínguez explica que para entonces se construirá un Almacén Temporal Individualizado (ATI), como se hizo con las centrales de Trillo, en 1999, y de José Cabrera, en 2006.

Además, tras el incendio y posterior desmantelamiento de Vandellós I en 1989, parte de su uranio se envió a una planta de La Hague, en la Normandía francesa. Su responsable, la empresa Areva, pasa desde el 1 de enero de 2011 a España una penalización de unos 65.000 euros diarios que se recuperarán si el combustible vuelve a nuestro país antes de cinco años.

La solución es el denominado Almacén Temporal Centralizado (ATC). Allí se guardaría el combustible utilizado en las centrales españolas durante 60 años, tiempo estimado de vida útil de la instalación. Su diseño se basará en el ATC de la localidad holandesa de Borssele, capaz de resistir un terremoto de 6 en la escala de Richter y hasta el choque de aviones, según sus responsables. El ATC español tendrá una capacidad diez veces mayor que el holandés. El nuevo Ejecutivo deberá elegir uno de los ocho municipios admitidos oficialmente -se ofrecieron trece- para albergarlo.

Diversas alternativas se proponen como sustitutas de las centrales nucleares, un objetivo nada fácil. Las actuales instalaciones se basan en tecnología de segunda y tercera generación. En 2000, los principales países nucleares y otros interesados pusieron en marcha un consorcio para el desarrollo de la cuarta generación de estas plantas. Su objetivo es aumentar la seguridad y la eficiencia, y producir menos residuos.

Por el momento, hay varios sistemas experimentales, y las estimaciones más optimistas hablan de logros concretos para 2040. Algunos científicos estudian la posibilidad de sustituir como combustible el uranio por el torio, un elemento mucho más abundante y aprovechable al completo.

Alternativas a la fisión

Frente a esta tecnología, basada en la fisión, la ruptura del núcleo de un átomo pesado, otros investigadores proponen la fusión. La idea sería imitar a estrellas como el Sol, que producen su energía al fundir dos núcleos de átomos ligeros como el hidrógeno a una presión y temperatura muy elevadas. «Los reactores de fusión serían intrínsecamente seguros y no generarían residuos de alta actividad», asegura Castejón.

El objetivo del proyecto ITER -una iniciativa internacional de la Unión Europea, India, Japón, Rusia, Estados Unidos, Corea y China- es lograr un reactor experimental de fusión que demuestre la viabilidad tecnológica de esta fuente de energía. Desde su creación, a finales de 1990, los problemas de financiación han sido constantes. El año pasado, sus socios lograban aumentar el presupuesto de 5.600 millones de euros a 15.000 millones. Se espera así lograr en 2019 la primera prueba de fusión en Cadarache (Francia). Según Castejón, «si todo va bien, el primer reactor de fusión no se prevé antes de 2040».

Otros proyectos , como los impulsados en España por el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat), proponen sistemas híbridos con las ventajas de la fusión y la fisión para crear en las próximas décadas centrales más económicas y menos contaminantes.

Las renovables producen energía de forma inagotable y con un menor impacto ambiental a partir de fuentes como el Sol, el viento, las olas y el calor del subsuelo. Su contribución es pequeña, aunque sus defensores aseguran que podrían sustituir a las demás tecnologías energéticas en un futuro próximo. Para ello, deberían contar con un mayor apoyo financiero e institucional, y lograr un mayor desarrollo tecnológico para ser competitivas, así como sistemas de almacenamiento eficaces.

En cualquier caso, está claro que el creciente consumo de energía, sea cual sea su origen, es uno de los grandes desafíos del siglo XXI. Además de apoyar las investigaciones de sistemas más económicos y limpios, algunos expertos apuestan por medidas de eficiencia energética para evitar derroches y, en general, por estilos de vida más sostenibles.